el informe de la Guardia Civil sobre la DANA, 1
En los telediarios del canal 24 h ahora se vuelve a mencionar un informe de la Guardia Civil aportado a la jueza que está instruyendo la causa de los muertos de la DANA.
Aquí la noticia en la web de rtve: La Guardia Civil destaca la falta de avisos de la Confederación del Júcar durante la crecida del barranco del Poyo
Hablar de "destacada falta de avisos durante la crecida" sin tener en cuenta el contexto es temerario, cuanto menos.
OJO: un informe policial no equivale a una verdad judicial, es decir, no es un HECHO PROBADO. Es una pieza de parte dentro de un procedimiento. Se trata de una "prueba pericial". Es decir, elaborada por un perito o grupo de peritos.
Comentario: La noticia se ha presentado de forma que casi obliga al espectador no informado a tomar como hecho probado lo que es solo un informe pericial. Como informe pericial el presunto contenido (al menos el resumen ofrecido por rtve, deja mucho que desear, como se verá más adelante).
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Lo que dice el informe (resumen)
🧾 Informe de la Guardia Civil (entregado hoy, 25 de julio de 2025)
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En un documento de más de 200 páginas dirigido a la jueza que instruye el caso, la Guardia Civil critica duramente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la ausencia de avisos oficiales durante el ascenso del caudal del barranco del Poyo entre las 16:15 y las 18:43 horas del 29 de octubre de 2024. En ese lapso, el caudal pasó de superar el umbral 1 a alcanzar un extremo de 1.686,8 m³/s, más de diez veces el límite de alerta establecido (El País).
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La Guardia Civil también cuestiona el papel de AEMET, señalando que la agencia no transmitió datos pluviométricos en tiempo real al CECOPI, lo que pudo haber permitido una visión más precisa de la situación y prevenir la demora en la alerta ciudadana ES‑Alert (El País).
Pero quién debía vigilar el barranco del Poyo
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
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Según la legislación hidráulica nacional, la CHJ es responsable del control del dominio público hidráulico, que incluye cauces, ramblas y barrancos, y debe informar a la Generalitat sobre los incrementos relevantes del caudal mediante el sistema SAIH (Maldita.es).
Generalitat Valenciana
El Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones (actualizado en julio de 2021) atribuye a la Generalitat la elaboración y ejecución de emergencias frente a inundaciones. Incluye la competencia del seguimiento de caudales, vigilancia preventiva y coordinación de actores (bomberos forestales, agentes medioambientales, policía autonómica, etc.) en caso de lluvias torrenciales (Maldita.es).
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El 29 de octubre, el director general Luis Gomis remitió una nota interna detallando que los agentes medioambientales están designados para el seguimiento de barrancos como parte del Plan y ofreció su despliegue horas antes del desbordamiento —oferta que según él fue ignorada por la Conselleria de Justicia e Interior (El País).
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Cuatro meses después de la tragedia, la Generalitat desplegó bomberos para la vigilancia de caudales en episodios lluviosos posteriores, aunque antes no reconocía explícitamente estas competencias (Cadena SER).
¿Por qué ahora este informe?
El informe de la Guardia Civil forma parte de la investigación judicial, aportando una cronología detallada para determinar si hubo fallos técnicos, informativos o de reunión en la gestión entre administraciones (El País). La Guardia Civil pone el foco en la CHJ por no emitir los avisos adecuados cuando el caudal del barranco del Poyo crecía de forma dramática.
La disputa también está en el terreno político: el ejecutivo autonómico argumenta que se le negó información clave, mientras que la CHJ sostiene que sí remitió avisos por correo, aunque no se valoraron ni trasladaron correctamente (Comunica GVA, infobae, Cadena SER).
En casos como este, en los que hay víctimas y un fuerte impacto social, se activan juegos de protección institucional y política que derivan en un intercambio de reproches cruzados.
Lo que parece
una combinación de responsabilidad técnica "contra" responsabilidad política
- Cada administración intenta acotar su ámbito de actuación para evitar responsabilidades judiciales o políticas.
- El Gobierno autonómico (Generalitat) ha ido modulando su discurso: primero asegurando que la vigilancia era cosa de la Confederación, luego reconociendo ante la jueza que sí tenían competencias, pero que no fueron correctamente informados.
- En lenguaje administrativo, es una forma de intentar “trasladar el foco” hacia otros organismos sin asumir plenamente los fallos de coordinación interna.
batallas entre niveles de gobierno
- Las Confederaciones Hidrográficas dependen del Estado, no de la Generalitat. En muchas comunidades autónomas, esto ha sido fuente de tensión histórica.
- La Generalitat (gobierno autonómico) puede ver en esta crisis una oportunidad de presionar por más competencias o más control territorial, algo que ocurre a menudo tras episodios de crisis mal gestionados.
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Epílogo
15 abril 2025La Generalitat, en una comparecencia judicial, reconoce que la vigilancia del barranco del Poyo era suya, y que no se activó.
================================Lectura crítica del informe de la Guardia Civil divulgado
No se entiende lo de que el fallo principal fuera la ausencia de comunicaciones efectivas entre CHJ y la Generalitat en el tramo crítico (16:13–18:43), cuando el caudal llevaba escalando de forma brutal desde la mañana.
Porque
los datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica de la CHJ) se transmiten en tiempo real a múltiples organismos, incluido el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat. Esto se hace vía pantalla, a través de plataformas accesibles con credenciales, y también puede haber registros automáticos.
Dice la Generalitat (en abril de 2025): “La Confederación no emitió comunicación directa de peligro en ese intervalo, y eso afectó a la valoración de riesgo por parte de CCE.”
Sin embargo la Generalitat sí podía ver los datos del SAIH en pantalla, pero no interpretó o no priorizó su gravedad en tiempo real.
El fallo no fue técnico (los datos fluían), sino operativo y relacional: La Generalitat disponía del dato en su sistema, pero no lo convirtió en decisión operativa (vigilancia física, alerta ciudadana, evacuación).
Se supone que el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) dispone de una plantilla estable de técnicos experimentados.
A la luz de las alertas activadas desde hace varios días, y en concretamente ese mismo 29 de octubre, se sabía y conocía que la lluvia intensa no cesaba en las cabeceras de los barrancos.
¿Había tan poca gente en ese momento que no podían vigilar la pantalla y "esperaban" a que les llamaran para decir que la cosa cada vez va peor? Por otra parte, en otra sala, la de los teleoperadores del 112, estaban desbordados con llamadas de socorro desde hacía horas, también en las cabeceras del Poyo. Y hemos sabido que en la sala del CECOPI había constancia del flujo de llamadas al 112.
El CECOPI no podía escudarse en que no le avisaron" cuando
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Tenía acceso en tiempo real al sistema SAIH de CHJ
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Estaba viendo que los caudales no bajaban, sino que se disparaban en una rambla crítica como la del Poyo.
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Estaba y está obligado por el propio Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones a supervisar, evaluar y anticipar.
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Y disponía y dispone de recursos de intervención inmediata (bomberos, policía autonómica, protección civil, incluso el aviso ES‑Alert).
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El CCE es el mando de operaciones, no un buzón de correo que espera instrucciones.
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¿Quién dirigía el CECOPI el 29 de octubre de 2024?
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La responsable del mando único era Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, según establece el Plan Especial de Inundaciones: la dirección recae en el titular de la conselleria competente en Protección Civil y Emergencias (Cadena SER, elDiario.es).
Salomé Pradas no era técnico emergencias, sino política nombrada para dirigir la conselleria con competencia en emergencias. Su perfil no era profesional de protección civil, sino político con responsabilidad ejecutiva.
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Aunque se menciona que la dirección operativa podía estar en manos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), ejercida ese día por su secretario autonómico, Emilio Argüeso, delegando parte de las funciones administrativas (elDiario.es).
Emilio Argüeso, figura técnica al frente de la AVSRE, tenía formación funcional para supervisar operativa de emergencias, pero con mandato político limitado a protocolos establecidos (elDiario.es).
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Ambos tenían la autoridad para activar protocolos, desplegar agentes medioambientales, bomberos, Policía Autonómica, y enviar alertas ES‑Alert.
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Además, tenían acceso al SAIH y a la información de caudales, así como la obligación de elevar alertas cuando los umbrales críticos se superaban (Cadena SER).
No se precisaba ninguna autorización superior para activar medidas concretas dentro del marco de situación 1 o 2. No había necesidad de convocar al Gobierno central ni declarar emergencia nacional (situación 3) en ese momento (elDiario.es).
Más bien, lo cuestionado es el retraso en la convocatoria del CECOPI (se constituyó solo a las 17:00 h tras confirmarse una desaparición, cuando el Plan permitía activarlo desde días antes) (El País).
Llama igualmente la atención que la convocatoria a la CHJ y a la Delegación de Gobierno fuera para que asistieran telemáticamente, lo cual puede ser comprensible. Pero entre seis y siete de la tarde desde la sala se procedió a desconectarlos para un "receso", que en lugar de los esperables 15 minutos duró entre 60 y 75 minutos, porque alguien decidió que fuera una reunión de"trabajo exclusivamente presencial". Tiene guasa que desde la GVA se acusara luego a ambos de falta de colaboración y diligencia.
Dentro del CECOPI, durante toda la tarde no se mencionó ni se trató la situación del barranco del Poyo. Según la Generalitat, los 29 miembros del órgano no hablaron “ni una sola vez” de él, incluyendo AEMET, CHJ y 112 (Valencia Plaza).
Retraso en la alerta ES‑Alert
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El personal técnico formado para enviar alertas móviles (14 trabajadores) estaba presente ese día, incluyendo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, quien propuso activar ES‑Alert alrededor de las 18:00, pero la decisión no se tomó hasta cerca de las 19:00–20:00 h(Diario ABC).
La orden formal del aviso se produjo finalmente a las 20:11 h, ya tras los primeros fallecimientos, y su contenido fue cuestionado por no instar a buscar refugio en zonas más elevadas (El País).
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Reflexión final:
Se entiende que la Guardia Civil entregue un informe, que en opinión de quien escribe está sesgado interesadamente. No sabe si por falta de diligencia, falta de interés, o por el contrario, un interés ilegítimo. Es cuestión de la jueza valorarlo, y si aprecia mala fe, adoptar las medidas oportunas.
Lo que resulta irritante es la actitud de tve (que es la que he estado viendo en su canal 24 h, y que repiten en cada nuevo boletín) reproduciendo el contenido del informe de la Guardia Civil como si fueran hechos probados. Recuerda las palabras de Francisco Marhuenda esa misma mañana, en tve, diciendo que "nosotros publicamos todo lo que nos llega". Podemos y debemos esperar más de una tv pública, o privada: y es que evalúe la conveniencia de difundir información sesgada y hacerla pasar por hechos acreditados.
La rigurosidad informativa parece cada vez más opcional.
Hay dos aspectos clave que merecen destacarse:
- Sobre el informe de la Guardia Civil
Un informe policial no equivale a una verdad judicial. Es una pieza de parte dentro de un procedimiento, y su función es aportar elementos de análisis, no establecer verdades absolutas.
Que un informe esté marcado por omisiones, énfasis interesados o juicios poco técnicos, no es en sí mismo una irregularidad penal… pero puede serlo si la jueza aprecia:
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Falta de objetividad manifiesta,
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Ocultación intencionada de elementos clave,
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O si se convierte en pieza instrumental de una estrategia política o institucional.
Como ciudadanos estamos en nuestro derecho a sospechar de la intencionalidad cuando los datos públicos —como los aquí revisados — contradicen parcialmente la narrativa que de un "informe pericial".
- Sobre la cobertura de TVE
Este es el aspecto más grave: cuando un medio público asume como “hechos probados” lo que solo son hipótesis o valoraciones en un informe.
Reproducir constantemente frases como:
"La Guardia Civil concluye que AEMET y la CHJ no hicieron nada"
sin añadir: “...según un informe aún no valorado judicialmente”
es desinformación por omisión.
Lo peor: cuando un canal de servicio público, como el 24h de TVE, incurre en eso, traiciona su función esencial de informar con equilibrio, responsabilidad y contexto.
En cuanto a la frase de Marhuenda: “Nosotros publicamos todo lo que nos llega”
Eso en una redacción seria no es un principio editorial, sino una "abdicación de criterio". Difundir “todo lo que llega” sin filtrar, sin jerarquizar, sin valorar el contexto, no es periodismo, es agitación mediática.
No importa si el medio es público o privado: hay una responsabilidad social implícita, sobre todo en casos de gran impacto humano, institucional y judicial. Lo contrario es convertirse en altavoz acrítico de agendas políticas o interesadas, y eso alimenta el descrédito democrático y la confusión ciudadana.
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Aquí la opinión de Juana Flores, cuya encendida indignación es comprensible y compartible.
Definitivamente esta jueza de Catarroja es una máquina.
Cinco días después ya conocemos por la prensa su "valoración" del informe de la Guardia Civil. No tiene desperdicio.
Todo lo contrario del lawfare al que tan acostumbrados nos tienen "en la calle". Jueces que admiten demandas sobre recortes de papel o sobre noticias de "medios digitales" amarillistas a sueldo de "clientes" inconfesables, y que tardan meses y meses en dar curso al procedimiento, mientras la prensa "amiga" se hace eco de las demandas y las acusaciones. Cuando se archiva, nadie se entera.
Al pie dice:
Aquí te lo contamos https://en.eldiario.es/AHWsUS
Al pie pone el enlace a la noticia:
https://tinyurl.com/mkfemtyx
